Comunicado 1808
25 de Marzo 2026
Obligación gubernamental de simplificación administrativa: Armando Navarrete
- El diputado Armando Navarrete (morena) propuso establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales de implementar políticas públicas de simplificación administrativa y gobierno digital.
- La iniciativa plantea crear un Sistema Estatal de Simplificación y Digitalización, así como prever las condiciones necesarias para coordinar y mantener actualizado el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.
- Armoniza cuatro ordenamientos con las recientes reformas constitucionales en materia de simplificación administrativa y digitalización.
Para facilitar los trámites a la población, hacer más eficiente el gobierno y eliminar la burocracia, el diputado Armando Navarrete López (morena) propuso que autoridades estatales y municipales implementen la simplificación administrativa y el gobierno digital, y se establezca un sistema estatal para cumplir estas responsabilidades.
La iniciativa, que armonizaría cuatro ordenamientos con las recientes reformas constitucionales en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, también plantea que las autoridades en el ámbito de su competencia coordinen y actualicen el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y demás herramientas para eliminar trámites burocráticos.
De aprobarse por el Pleno legislativo, las autoridades estatales y municipales implementarían plataformas tecnológicas interoperables para la realización remota de trámites y servicios, garantizando su accesibilidad a todas las personas, incluidas aquellas con dificultades para acceder a medios digitales.
El proyecto, expuesto en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, busca que los procedimientos administrativos sean preferentemente digitales, ágiles, transparentes, eficientes, bajo los principios de máxima publicidad, interoperabilidad, usabilidad, accesibilidad, seguridad y protección de datos personales.
De acuerdo con el proponente, se pretende sentar las bases para facilitar el acceso a los servicios públicos, mejorar la coordinación institucional, fortalecer la transparencia, impulsar condiciones para el desarrollo económico, reducir tiempos, eliminar cargas innecesarias, disminuir costos de transferencia y cerrar espacios de corrupción.
El parlamentario aclaró que su iniciativa de reforma a las leyes Orgánica Municipal; Orgánica de la Administración Pública, y de Competitividad y Ordenamiento Comercial, así como al Código Administrativo, todos del ámbito estatal, incorpora propuestas previamente presentadas que coinciden en la necesidad de consolidar la simplificación administrativa y la digitalización como instrumentos de política pública.
Cabe señalar que el pasado 10 de diciembre el Congreso mexiquense aprobó una reforma constitucional, cuyo dictamen conjuntó iniciativas del propio diputado y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que establece que la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y servicios, las buenas prácticas regulatorias, el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas constituyen instrumentos para impulsar el desarrollo y el bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos.
Previamente, en abril de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional nacional que eleva a rango fundamental la simplificación administrativa y la digitalización de trámites en México, y en julio del mismo año entró en vigor la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
El legislador indicó que su iniciativa es un trabajo de continuidad, que no surge en el vacío, toda vez que forma parte de una visión de transformación pública que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en el Estado de México impulsa la gobernadora Delfina Gómez, con una agenda orientada a simplificar, ordenar y dignificar la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
Expuso que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2023), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 83.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones públicas, mientras que el 40.7 por ciento de las personas experimentaron dificultades al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos, principalmente por barreras en el trámite y asimetría de información.
En este sentido, subrayó que una legislación que homologa procedimientos, digitaliza ventanillas o centraliza catálogos solo puede llamarse verdaderamente simplificadora si esa homologación se traduce en una reducción efectiva de cargas para la persona gobernada.
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