El diputado Valentín Martínez Castillo (morena) propuso establecer en la Constitución federal que los municipios y alcaldías estén obligados a elaborar su atlas municipal de riesgos (documento técnico-científico para diagnosticar peligros naturales y antropogénicos, identificar zonas vulnerables y establecer mecanismos de planeación preventiva) que cumpla con la normatividad emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

De acuerdo con la iniciativa planteada durante sesión deliberante, en 2019 sólo 370 de 2 mil 478 municipios y alcaldías contaban con este documento actualizado; es decir, sólo el 15 por ciento. 

Por lo anterior, la iniciativa —que de aprobarse por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense se dirigirá al Congreso de la Unión— plantea también reformar la Ley General de Protección Civil, para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres vigile la elaboración de los atlas locales y la integración al Sistema Nacional de Protección Civil dentro de los primeros 90 días naturales, contados a partir del inicio del periodo constitucional de cada gobierno, así como que se actualicen anualmente, a más tardar en marzo de cada año.

En sesión deliberante, el proponente apuntó que, sin mapas de riesgo actualizados, los municipios operan “a ciegas” frente a fenómenos naturales, incrementando la vulnerabilidad de la población. Admitió que muchos ayuntamientos enfrentan limitaciones presupuestales, técnicas y operativas para elaborar o actualizar sus atlas, pero señaló que la identificación de riesgos constituye un elemento indispensable para proteger a la población, ordenar el territorio y fundamentar la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y obras públicas.

Recordó que esta falta de previsión se reflejó en 2025, cuando lluvias atípicas provocaron 45 deslizamientos de tierra en 24 municipios mexiquenses e inundaciones severas en Chimalhuacán, Ecatepec, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, fenómenos que dejaron más de 21 mil familias afectadas.

Conforme al legislador, quien preside la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la LXII Legislatura mexiquense, de aprobarse, la reforma conseguirá mayor prevención y reducción del riesgo de desastres; mayor coordinación intergubernamental entre federación, estados y municipios, e información técnica confiable para el diseño de políticas públicas.

De igual forma, permitiría planes de desarrollo urbano y obras públicas mejor sustentados, mayor transparencia y rendición de cuentas, al establecer plazos y obligaciones claras, así como protección efectiva de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y al desarrollo.