Debido a que la experiencia de las personas trans demuestra que su derecho al trabajo se ve limitado por barreras estructurales, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) propuso que los poderes del Estado, los municipios y los organismos centralizados, descentralizados y autónomos implementen, como acción afirmativa, una cuota laboral equivalente al cinco por ciento de sus plazas de base y al uno por ciento de sus plazas de confianza para las personas trans.

La iniciativa de reforma a Ley Del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios propone que la Secretaría de la Contraloría cuente con una Comisión de Seguimiento e Implementación de esta acción, genere un Registro Único de Aspirantes Trans a ocupar las plazas, y establezca los procedimientos para la contratación y permanencia de los espacios laborales ofertados. 

Precisa, además, que la Comisión se integre con personas servidoras públicas de los tres Poderes del Estado, los gobiernos estatal y municipales, y una persona representante del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación. Añade que sesionaría las veces que sean necesarias y rendirá un informe final cada año fiscal con el avance de cumplimiento de la disposición, el que se difundirá ampliamente entre las poblaciones, grupos y organizaciones trans, binarias y no binarias de la entidad. 

Le diputade Luisa Navarro, quien preside la Comisión Legislativa para la Defensa de Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Trans, Transgénero, Intersexuales, Queers, No Binarias y más), añadió que se entenderá como persona trans a quien se auto percibe o expresa con una identidad de género distinta a la asignada al momento de nacer, incluyendo, entre otras a quienes se identifican como travestí, transgénero, transexual, no binario y muxe, entre otras derivadas de los pueblos indígenas o emergentes.

El documento establece que las personas servidoras públicas, en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar sin discriminar y promover la cultura de igualdad y la no violencia. Asimismo, se señala que será motivo de terminación de la relación laboral la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje cuando se incurra en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amagos, injurias, conductas discriminatorias o discursos de odio, así como malos tratos hacia jefes, compañeras o compañeros, o familiares de estos, ya sea dentro o fuera del horario de servicio.

Asimismo, considerar entre los factores que deben ser tomados en cuenta para establecer el sistema escalafonario en el servicio público la pertenencia a una población históricamente vulnerada y formar parte del Registro Único de Aspirantes Trans.

Para le diputade, esta cuota no crea privilegios, sino justicia frente a la exclusión estructural que sufre esta población que, con la reforma, podrá tener mejores oportunidades de vida, crecimiento laboral y profesional.