El Congreso mexiquense aprobó ampliar los supuestos para otorgar amnistía a mujeres acusadas o sentenciadas que no fueron juzgadas con perspectiva de género o de derechos humanos, así como a las personas en la misma condición jurídica por delitos cometidos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o con alguna categoría sospechosa.

Además de crear la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía de manera plural y con la categoría de permanente, que podrá promover o solicitar el trámite para que una persona recupere su libertad, las reformas a la Ley de Amnistía, así como la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, todos del ámbito estatal, también refuerzan la asesoría, orientación y defensa jurídica a las personas solicitantes por parte del Instituto de la Defensoría Pública y la Comisión de Derechos Humanos, ambos de la entidad.

El dictamen a las iniciativas del diputado Octavio Martínez Vargas (morena), la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez también considera la posibilidad de amnistía para personas privadas de la libertad, incluidas aquellas por delitos que atentan contra la vida, la libertad o la integridad personal, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a estos y al debido proceso, en la que se proponga su libertad.

Las modificaciones, avaladas en sesión deliberante a la que asistieron colectivos que defienden a personas privadas injustamente de su libertad, establecen las bases para otorgar amnistía a aquellas personas a quienes se les dicte auto de vinculación a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común. 

Este beneficio se concederá sin trato diferenciado, garantizando en todo momento el respeto a la constitucionalidad, los derechos humanos y el principio de no discriminación, siempre que los beneficiarios no sean reincidentes en el delito por el cual se otorgue la amnistía.

Cabe señalar que el documento también establece la posibilidad de amnistía para las personas que hayan auxiliado, con previo consentimiento de la madre o la persona gestante del producto, en la interrupción del embarazo, y no solo a parientes consanguíneos, como lo define la legislación vigente. Respecto a las personas mayores de 65 años que padecen enfermedad terminal o crónico-degenerativa grave, se especifica que debe estar diagnosticada.

En cuanto a la comisión legislativa, se especifica que esta conocería los casos que, por su relevancia, le sean presentados, ya sea por personas que guarden un vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la persona interesada, o por organizaciones u organismos públicos defensores de los derechos humanos que estén debidamente registrados y operen sin fines de lucro.

Asimismo, por organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.

Este órgano parlamentario, que se integraría, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y con aprobación del Pleno legislativo, con la participación de los distintos grupos parlamentarios, bajo los principios de pluralidad, paridad y proporcionalidad, podrá solicitar la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de Justicia, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo del Estado de México; en el caso de este último, a través de la Consejería Jurídica.

De igual forma, podrá recabar la opinión de organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos humanos, así como convocar la participación de personas expertas, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad civil.

La comisión legislativa, con base en la presunción de inocencia, el debido proceso y los demás principios penales aplicables, derivado del análisis exhaustivo, profesional, imparcial y libre de estereotipos y de discriminación de cada caso, solicitaría al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México que, a través de su conducto o de su defensa, previa recepción del expediente y dictaminación correspondiente, presente la solicitud de amnistía a la autoridad judicial o procuradora de justicia, a efecto de que se realice el trámite correspondiente.

Será responsabilidad del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México el otorgamiento de asesoría y defensa jurídica a las personas solicitantes de amnistía, así como ejercer su representación legal ante las autoridades competentes, cuando corresponda, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México proporcionará orientación jurídica especializada sobre la identificación de posibles violaciones a derechos humanos o al debido proceso.

En la nueva redacción legal se sustituye al Consejo de la Judicatura (como instancia facultada para emitir acuerdos generales a efecto de normar el procedimiento, fijando plazos para sustanciar las solicitudes de amnistía) por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial estatal.

En los artículos transitorios se establece que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto (el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”) se sujetarán a la disponibilidad de recursos y se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias o entidades competentes para el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes.

Al leer el dictamen, el legislador Octavio Martínez destacó que, durante un foro celebrado en noviembre del año pasado, se escuchó a colectivos de familiares de personas privadas de su libertad, quienes señalaron supuestos no contemplados por la legislación vigente. En este contexto, subrayó que, junto a la gobernadora, el Congreso mexiquense ha dado un paso trascendental a nivel nacional al convertirse en la primera entidad en legislar sobre amnistía con un enfoque integral, reconociendo las deficiencias del sistema judicial y de la procuración de justicia.

En este sentido, llamó a constituir la comisión legislativa antes de que concluya el período ordinario de sesiones (a más tardar el 15 de mayo), a efecto de ampliar las vías de obtención de la libertad para quienes se encuentran en los supuestos que prevé la legislación.

Al pronunciarse en contra del dictamen, el diputado Mariano Camacho San Martín (PRI) llamó a no transformar las deficiencias en decisiones que pueden abrir la puerta a más incertidumbre, porque la justicia, subrayó, no se construye con excepciones, sino con instituciones fortalecidas.

Indicó que la estrategia debe orientarse a la prevención social de la violencia y el delito, en la corrección del actuar ministerial y judicial para evitar injusticias, y en una reinserción social efectiva a través de trabajo, educación y capacitación, en lugar de basarse en decisiones generalizadas que podrían acabar premiando la ineficiencia institucional.

La congresista Ruth Salinas Reyes (MC) hizo un llamado a revisar los casos pendientes bajo esta visión ampliada de los derechos humanos y solicitó que, en el próximo paquete fiscal, se asignen los recursos presupuestarios necesarios para la implementación de las reformas.

Señaló que, debido a fiscalías que no cumplen adecuadamente con su labor y a un sistema de justicia deficiente, la consecuencia inevitable es que los reclusorios estén llenos de personas inocentes que han recibido una sentencia condenatoria o que llevan años esperando una, y que, por falta de recursos económicos, no pueden acceder a una defensa adecuada. En este contexto, se pronunció a favor del dictamen.