Con el propósito de incorporar los criterios establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 25 de marzo de 2015 sobre el delito de feminicidio, la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena) propuso sancionar con penas de cuatro a 10 años de prisión a las personas servidoras públicas del ámbito de justicia y seguridad que nieguen la impartición de justicia a mujeres víctimas de violencia de género.

Conforme a su iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, también se podrán imponer de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación que correspondan.

Estas penas se dictarán cuando la o el servidor público, teniendo la obligación de investigar y sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, o bien obstruya la investigación y la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación.

Adicionalmente, plantea que a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, bajo el protocolo de feminicidio, incluidos los suicidios, accidentes y cualquier otra forma de muerte violenta.

La propuesta de la legisladora retoma el asesinato de Mariana Lima Buendía, ocurrido en 2010, el cual derivó en la sentencia de 2015 de la SCJN para considerar los homicidios cometidos en contra de mujeres como feminicidios. Esta resolución establece, entre otros puntos, que la inacción y la indiferencia del Estado ante tales casos llevan a la revictimización y a la discriminación.

Añade que, en esta entidad, el Congreso tipificó en marzo de 2011 el delito de feminicidio, imponiendo una pena de hasta 70 años de prisión, la cual puede incrementarse hasta 93 años y 4 meses bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, señala el documento, el delito no ha disminuido: en 2015 se cometieron 60; en 2016, 57; en 2017, 70; en 2018, 115; en 2019, 121; en 2020, 151; en 2021, 145; en 2022, 138; y en 2023, 89, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para la parlamentaria, con esta reforma el Estado de México se colocaría a la vanguardia nacional al considerar las razones de género como un elemento para sancionar la negativa de impartir justicia en casos de feminicidio o de cualquier otro delito en el que la víctima directa sea una mujer.