Los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa para combatir, con un enfoque prioritario y diferenciado, el cobro de piso, mediante la persecución de oficio de este delito y la protección de la identidad e integridad de las personas denunciantes.

En sesión deliberante, el parlamentario Mariano Camacho señaló que el objetivo central es pasar de un modelo reactivo, dependiente de la denuncia, a uno preventivo, cercano y articulado, que busque los delitos donde ocurren, aproveche la proximidad territorial de las policías locales y fortalezca la capacidad del Estado para combatir el cobro de piso.

Asimismo, se establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contará con la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Extorsión, así como con unidades policiales especializadas de investigación y combate, que operen bajo el mando del Ministerio Público, reciban denuncias de manera cercana y proactiva, y brinden protección temprana y eficaz a personas víctimas y testigas.

Estas instancias dirigirán investigaciones, coordinarán a las policías estatal y municipales, capacitarán a las unidades especializadas y garantizarán que las personas afectadas no sean revictimizadas ni silenciadas por miedo.

De igual forma, los ayuntamientos deberán crear en sus corporaciones una unidad especializada en combate al delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso.

Para lo anterior, se plantean reformas al Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad y la Ley Orgánica Municipal, todas del Estado de México.

En los artículos transitorios de la iniciativa se establece que la FGJEM deberá crear la fiscalía especializada y ajustar su reglamento en un plazo máximo de 90 días, además de emitir las bases para la creación, capacitación y certificación de las unidades policiales estatales y municipales.

Una vez emitidas dichas bases, la Secretaría de Seguridad y las direcciones municipales de seguridad pública contarán con 30 días para establecer sus unidades especializadas en combate al cobro de piso.

El legislador expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad, entre 2010 y 2023 se cometieron 22.6 millones de extorsiones en todo el país. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuyas cifras se basan los gobiernos, solo cuenta 102 mil 791 casos en el mismo periodo, lo que significa que la famosa cifra negra relacionada con este delito es superior al 99 por ciento.

Mientras que, en 2024, el Estado de México encabezó este listado de las seis entidades con mayor incidencia, con aproximadamente 19 mil carpetas de investigación.