La diputada Leticia Mejía (PRI) propuso imponer de 12 a 20 años de prisión a quien o quienes cometan el robo de maquinaria, implementos o insumos agrícolas y de tractores o cualquier vehículo utilizado para la producción agrícola.
La iniciativa solicita multas económicas de uno a tres veces lo robado a quienes incurran en esta conducta.
La diputada Leticia Mejía García (PRI) propuso imponer de 12 a 20 años de prisión a quien o quienes cometan el robo de maquinaria, implementos o insumos agrícolas y de tractores o cualquier vehículo utilizado para la producción agrícola, independientemente de las agravantes por hurto u otros delitos que se configuren, ya que consideró que no existe un tipo penal específico para ello.
La iniciativa de reforma al Código Penal estatal, expuesta en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, plantea, además, que se sancione con multas económicas de uno a tres veces lo robado.
Conforme al documento, la inseguridad es un aspecto que perjudica significativamente al campo y frena su desarrollo, por lo que resulta de la mayor relevancia implementar medidas legislativas y políticas gubernamentales pertinentes para mitigar los impactos negativos y garantizar la supervivencia del sector agrícola, favoreciendo su desarrollo integral.
Añade que las personas agricultoras enfrentan el desafío de producir bajo condiciones muchas veces desfavorables, pero además llevan a cabo esta importante labor con el temor constante de ser víctimas de extorsión o de robo que les prive no solo del producto de su trabajo, sino incluso de los elementos que necesitan para producir, tales como herramientas agrícolas y tractores.
El proyecto legislativo puntualiza que esos ilícitos causan perjuicios a las y los productores, quienes tienen en su producción la principal y, en ocasiones, la única fuente de ingreso, por lo que el menoscabo a su patrimonio, derivado del robo de los elementos básicos para desarrollar su actividad, lacera la percepción de seguridad y las condiciones mínimas necesarias para una vida plena; además, se perjudica a toda la cadena de valor y limita la consecución de la autosuficiencia alimentaria, con repercusiones tangibles en los precios, por lo que la afectación es global para toda la sociedad.
En la exposición de su propuesta, la proponente señaló que las herramientas, maquinaria agrícola, vehículos y tractores son preponderantes en la producción agropecuaria, así como que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2022 casi 15 mil 700 tractores propios entre personas productoras, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que más del 35 por ciento de unidades de producción apuntan a la inseguridad como el principal problema para su actividad.
Por último, detalló que la entidad, de acuerdo con el Inegi, de los 2.2 millones de hectáreas de superficie rural, más del 53 por ciento tienen uso y vocación agropecuaria, y en las más de 800 mil hectáreas de uso agrícola destaca el cultivo de maíz, avena, papa y jitomate por cuanto hace a cultivos anuales; alfalfa, nopal, aguacate y agave respecto a cultivos perennes, así como fresa, pepino, chile, manzana y zarzamora entre los principales cultivos de agricultura protegida.
