La diputada Susana Estrada (morena) propuso que la Secretaría de Salud estatal, a través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, certifique los servicios que ofrecen particulares y responsables de los centros de atención a las adicciones.
La iniciativa plantea que el instituto genere un padrón de quienes ofrecen el servicio, de acuerdo con el modelo de atención y el municipio en el que operan, el cual deberá ser actualizado cada año.
La diputada Susana Estrada Rojas (morena) propuso que la Secretaría de Salud estatal, a través del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, garantice, mediante una certificación, que las personas responsables y particulares de los centros para la atención y rehabilitación de adicciones brinden servicios profesionales y actualizados.
De acuerdo con la iniciativa de modificación al Código Administrativo estatal, el instituto deberá implementar un padrón de quienes ofrecen el servicio, en donde se brinde información sobre su modelo de atención y el municipio en el que operan, el cual deberá ser actualizado cada año.
El proyecto legislativo puntualiza que el aval a estos servicios permitiría fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), que opera el programa de Reconocimiento y Ratificación a Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones, y del Consejo Estatal contra las Adicciones, a fin de asegurar que las personas usuarias obtengan el resultado esperado por ellas mismas y sus familias.
En su exposición en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la legisladora detalló, con datos de la Conadic, que en 2025 los centros comunitarios de salud mental y adicciones de la entidad atendieron 9 mil 241 casos.
Ante este panorama, aseveró que “hablar de rehabilitación es hablar de dignidad humana y reconocer que ninguna persona debe ser sometida a ningún tipo de violencia, ni verbal, ni física, ni emocional, ni espiritual. Por ello, la capacitación de quienes están al frente de estos espacios es una herramienta para garantizar procesos de atención respetuosos, profesionales y verdaderamente orientados a la recuperación integral de las personas”.
Ante el cuestionamiento del legislador Octavio Martínez Vargas (morena) sobre los operativos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra estos espacios y su criminalización, la parlamentaria explicó que no deben ser perseguidos quienes buscan una segunda oportunidad, y quienes ayudan a su recuperación deben ser apoyados por el Estado.
Cabe señalar que la iniciativa plantea la posibilidad de que, una vez certificados los servicios que brinda la persona responsable o particular, el centro o centros en que labore podrán recibir, de entes públicos municipales, estatales o federales, recursos económicos o en especie que para tal efecto administren, conforme a sus reglas de operación y a partir de la publicación de la convocatoria respectiva.
De la misma manera, podrían, en su caso, recibir estímulos en especie o en numerario de entes privados de carácter nacional, de acuerdo con su modelo de atención.
Finalmente, dispone que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones capacite de manera continua y permanente a las personas responsables y particulares de los establecimientos especializados en adicciones, de acuerdo con su modelo de atención, con el objeto de actualizar sus técnicas y métodos para el cumplimiento de su objeto.
De aprobarse la reforma, los centros tendrían un año para solicitar al instituto la capacitación y actualización referidas, luego de lo cual podrían solicitar la certificación. A partir del segundo año, la certificación sería obligatoria.
