• Comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron el dictamen a las iniciativas de los grupos parlamentarios de morena y MC, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).
• La norma se orienta a extender la participación de su comunidad en la elección de sus autoridades, eliminar progresivamente los cobros de cuotas y crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.
• Congresistas de morena resaltaron que fortalece la formación académica del alumnado; por el PT se llamó a no dejar fuera a las personas docentes de la institución; el PRI advirtió sobre posibles intromisiones externas en la elección de autoridades universitarias; MC planteó reservas en materia de fiscalización y delitos en la UAEMEX.
Comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), con base en las iniciativas de las bancadas de morena y MC y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La nueva legislación busca actualizar los modelos de representación y elección de autoridades, eliminar progresivamente los cobros de cuotas y crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria.
El dictamen avalado en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual presidió el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), incorpora las iniciativas de los diputados Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana, ambos de morena; de la bancada de MC, coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández; y de la gobernadora (que recoge la propuesta de la propia universidad emanada de un proceso interno de consulta a estudiantes, personal académico y administrativo).
El documento establece la creación de un Órgano Electoral Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad universitaria, así como un sistema de bienestar y cuidado universitario.
Durante la deliberación del dictamen, presentado por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena), Octavio Martínez Vargas destacó que el ordenamiento fortalece la formación académica del alumnado, fortalece la transparencia, vincula la institución con la sociedad y aspira a una mayor cobertura en zona oriente. Mientras que su compañera de bancada, Paola Jiménez Hernández expresó que el debate central en el tema es cómo seguir impulsando una educación de calidad.
Ante la diputada María del Consuelo Estrada Plata (PT), quien solicitó no olvidar en la nueva legislación la figura de las y los maestros y su investigación humanista, el parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) indicó que sin reglas claras se puede abrir la puerta a la discrecionalidad, la inestabilidad y la intervención política en los procesos electivos de la institución.
Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) señaló la ausencia de un tribunal de justicia universitaria y de mayores atribuciones de fiscalización para el órgano interno de control, por lo que presentó tres reservas al dictamen para fortalecer sus facultades más allá de la revisión, así como establecer la obligación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria de dar vista al Ministerio Público cuando se detecten conductas constitutivas de delito y brindar acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, las reservas fueron rechazadas.
El proyecto legislativo señala que, en cuanto a la actualización de los modelos de representación y elección de autoridades, la persona titular de la rectoría será elegida para un periodo ordinario por mayoría de votos, mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada integrante de la comunidad universitaria, y que los votos se contabilizarán por sector —alumnado, personal académico y administrativo—, conforme a la ponderación establecida en el Estatuto Universitario.
Además, establece que el nombramiento será otorgado por el Consejo Universitario, con base en el informe de resultados que presente el Órgano Electoral Universitario. En estos términos también se elegirán las personas directoras de los espacios académicos.
Asimismo, la nueva norma establece como requisitos para ocupar la rectoría no haber recibido sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no haber sido condenada la persona aspirante, mediante sentencia firme, por un delito doloso que amerite pena privativa de la libertad; no estar inhabilitada para el servicio público ni inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, así como presentar una propuesta de plan de trabajo universitario. Estos requisitos también serían aplicables a quienes aspiren a dirigir los espacios académicos.
Igualmente prevé supuestos para la remoción y destitución del cargo de la persona titular de la rectoría, ausencias o licencias, la elección o designación de la persona rectora sustituta, así como el nombramiento de una persona encargada.
En cuanto al Consejo Universitario, máxima autoridad de la institución, la nueva ley establece que su integración deberá observar el principio de paridad, entendido como la igualdad numérica entre representantes del alumnado y del personal académico. Estará conformado por la persona titular de la rectoría; las personas directoras de facultades, centros universitarios, preparatorias, escuelas, unidades académicas profesionales e institutos; representantes de la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo titular del contrato colectivo; una persona académica de cada uno de estos espacios, así como dos representantes del alumnado por cada uno de ellos.
De acuerdo con esta distribución, el consejo se conformaría por 223 personas consejeras elegidas por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de cada persona integrante del sector de la comunidad correspondiente.
Respecto de la gratuidad de sus servicios, prevé que la eliminación progresiva de los cobros por concepto de inscripción y reinscripción se realice en términos de la Ley General de Educación Superior. Para tal fin, la UAEMEX conformaría un plan de acción para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin afectar el cumplimiento de sus fines ni poner en riesgo sus finanzas.
El Sistema de Ética y Justicia Universitaria, por otra parte, tendrá como funciones prevenir, conocer, resolver y sancionar, de forma integral y bajo un marco de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, las faltas a la responsabilidad universitaria y las faltas disciplinarias cometidas por quienes integran la comunidad universitaria, para lo cual contaría con independencia en su actuación.
En cuanto al Órgano Electoral Universitario, garante de la democracia institucional, tendrá a su cargo la organización, conducción, vigilancia y validación de la legalidad del proceso electoral, en la elección de la persona titular de la rectoría, de las personas titulares de las direcciones de los espacios académicos y de las personas consejeras. Asimismo, podrá encargarse de cualquier otro proceso de elección que el consejo determine.
El régimen disciplinario y de responsabilidades será aplicable al alumnado, al personal académico y administrativo, así como a quienes integran los órganos de gobierno de la universidad y el Órgano Electoral Universitario, conforme a lo establecido en la nueva ley y demás disposiciones normativas aplicables.
Lo anterior será aplicable siempre que las conductas no constituyan faltas de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en cuyo caso se atenderá a lo previsto en dicha ley y las disposiciones aplicables.
Finalmente, el sistema de bienestar contempla la promoción de la salud física y mental; la seguridad y protección ante riesgos y violencias; el fomento de la cultura física y el deporte; la alimentación saludable; la disponibilidad de espacios universitarios adecuados y accesibles; el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, así como la promoción de una convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencias.
Conforme al dictamen, el cual será votado de manera definitiva por el Pleno legislativo, se abroga la ley vigente que data de 1992 y, una vez que entre en vigor la nueva legislación, iniciará un proceso de transición para dar continuidad a las autoridades universitarias vigentes, avanzar hacia la gratuidad de los servicios, expedir el nuevo estatuto de esta entidad, e implementar de manera gradual y acorde a su suficiencia presupuestal los sistemas, programas y servicios incorporados.
