• El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), que coordina el diputado José Alberto Couttolenc, propuso que el Consejo Estatal de la Juventud tenga la obligación de presentar un informe anual de acciones y resultados.
• La iniciativa, presentada por la legisladora Alejandra Figueroa (PVEM), también plantea ampliar la estructura de esta instancia con la incorporación de la persona diputada que presida la Comisión de la Juventud y el Deporte y siete personas titulares de los institutos municipales de atención a este sector o sus equivalentes.
El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) propuso establecer la obligación de que el Consejo Estatal de la Juventud presente un informe anual de acciones y resultados, así como ampliar su estructura con la incorporación de la o el diputado presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso mexiquense y siete personas titulares de los institutos municipales de atención a este sector o sus equivalentes.
En cuanto a las personas provenientes de los ayuntamientos, se incorporaría una persona representante por cada zona conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México (oriente, nororiente, centro, norte, Valle de Toluca, sur y sureste), las cuales serían designadas anualmente por insaculación.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Juventud de la entidad, formulada por la bancada coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello y presentada en sesión deliberante de la LXII Legislatura estatal, también plantea que el consejo ejerza anualmente su atribución de establecer mecanismos de colaboración para la formulación, ejecución e instrumentación de planes, programas, acciones e inversiones en la materia.
Cabe señalar que el Consejo Estatal de la Juventud es una instancia de colaboración, concurrencia y apoyo interinstitucional que tiene por objeto coordinar, ejecutar, promover, apoyar y conjuntar esfuerzos, recursos, políticas, programas, servicios y acciones a favor de este grupo poblacional.
De acuerdo con el proyecto expuesto por la legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM), los objetivos son fortalecer la coordinación entre dependencias responsables de ejecutar acciones en la materia; evitar duplicidad de funciones y metas, así como garantizar la existencia de objetivos e indicadores.
La propuesta también busca mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del desempeño institucional, facilitar la toma de decisiones basada en evidencia y generar información útil para la mejora continua de los programas públicos.
El documento señala que, a diferencia de los modelos tradicionales de administración pública, en los que cada institución actuaba de manera relativamente aislada, los desafíos actuales requieren esquemas de coordinación horizontal, cooperación interinstitucional y gestión basada en resultados.
En este sentido, refiere que una coordinación institucional carente de procesos de planeación y evaluación corre el riesgo de convertirse en una instancia meramente deliberativa, sin capacidad real para incidir en la solución de los problemas, sin protagonismo en la esfera pública y sin capacidad para articular acciones que beneficien a la población objetivo.
Añade que, en el ámbito de la juventud, la ausencia de mecanismos formales de seguimiento puede provocar que programas valiosos carezcan de evidencia suficiente para justificar su continuidad o expansión y que esta ausencia dificulta la identificación de buenas prácticas y limita la capacidad institucional para corregir deficiencias en la implementación de políticas públicas.
Cabe señalar que la ley vigente contempla a dos personas diputadas que integran la Comisión de la Juventud y el Deporte como vocales del consejo.
La congresista afirmó que las juventudes enfrentan realidades distintas según su lugar de residencia, sus condiciones económicas, sus oportunidades educativas, el acceso al empleo, su entorno familiar y las posibilidades que tienen para ejercer plenamente sus derechos, por lo que subrayó que no basta con reconocer su importancia demográfica ni expresar buenas intenciones, toda vez que se requieren instituciones capaces de comprender sus necesidades, identificar sus diferencias y traducirlas en acciones concretas.
