
• Durante la comparecencia de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad, con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez, congresistas de las bancadas de morena, PT y PVEM reconocieron la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
• En el Congreso mexiquense, integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, MC y PRD cuestionaron que el 90 por ciento de la población adulta mexiquense considere inseguro vivir en la entidad y que el 94.3 por ciento de los delitos no sean denunciados.











Congresistas de morena, PVEM y PT destacaron resultados favorables en materia de seguridad en el tercer año de gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como la disminución de incidencia delictiva, mientras que integrantes de las bancadas del PRI, PAN y PRD cuestionaron que 90 por ciento de la población adulta mexiquense considere inseguro vivir en la entidad, mientras que por MC se pronunciaron por reforzar la atención en la región sur.
Durante la comparecencia de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora, el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva de la LXII Legislatura, indicó que los avances en la materia son resultado del despliegue de acciones de esta dependencia.
Tras señalar que la tasa de incidencia delictiva disminuyó 15.5 por ciento y la de homicidios, 21.8 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la legisladora Graciela Argueta Bello (morena) preguntó cuáles son los factores que explican estos avances, qué indicadores respaldan esta tendencia y qué acciones se implementarán para mantenerla.
También consultó las estrategias para atender las causas de la violencia y la delincuencia y cómo se coordinan con otras instituciones desde su origen. Adicionalmente, pidió conocer los avances y obstáculos para resolver los problemas administrativos, operativos y normativos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, así como para transparentar su marco regulatorio, servicios, tarifas e ingresos, además de las medidas para mejorar salarios y condiciones de las y los policías auxiliares y cómo se atienden las denuncias de acoso laboral en esta corporación.
Por el PT, el congresista Isaac Josué Hernández Méndez reconoció los resultados en materia de seguridad, entre ellos, la disminución de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio, la cifra más baja de los últimos 15 años, y la reducción de 22 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto durante 2025, en comparación con 2024. Asimismo, destacó que la percepción de seguridad en el transporte público mejoró entre 2023 y 2026 y que el robo total de vehículos disminuyó 30 por ciento.
Tras destacar el funcionamiento del Mando Único Oriente, preguntó sobre la coordinación de los tres órdenes de gobierno para consolidar avances y el acompañamiento a los ayuntamientos con limitaciones presupuestales u operativas. Respecto al sistema penitenciario, interrogó sobre medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos y fortalecer la reinserción, cómo puede contribuir el Legislativo a este objetivo, la ampliación de la capacidad, la mejora de las condiciones de internamiento y la prevención de motines, riñas, fugas y el ingreso de objetos prohibidos, además de la atención de las necesidades de las mujeres, incluidas las embarazadas y quienes viven en esos centros con sus hijas o hijos.
En nombre del PVEM, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa resaltó resultados como la reducción de la tasa de incidencia delictiva en 15.5 por ciento, pero señaló que es necesario abordar temas como el robo de hidrocarburos, respecto al cual el informe reporta la clausura de 12 tomas clandestinas, por lo que preguntó cómo se aprovecha la videovigilancia y otras herramientas para detectar y combatir este delito y la extracción ilegal de combustibles en ductos.
Por otro lado, solicitó información sobre los resultados de la Policía Cibernética y la efectividad de la línea 089 en la recepción, canalización y seguimiento de reportes anónimos, así como sobre la inversión destinada a fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal, así como el análisis de información orientado a identificar y desarticular las estructuras de las organizaciones criminales y mejorar la coordinación con las autoridades de procuración de justicia.
El diputado Mariano Camacho San Martín (PRI) destacó que 90 por ciento de la población adulta mexiquense considera inseguro vivir en la entidad y que el 94.3 por ciento de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del Inegi.
Tras considerar indispensable profundizar en la evaluación de delitos como la extorsión, robo, lesiones, violencia familiar y agresiones sexuales, preguntó sobre las acciones para mejorar las condiciones laborales y de bienestar de las y los elementos policiacos y de las familias de quienes fallecen o resultan afectados en el cumplimiento de su deber, los resultados de la capacitación y si hay voluntad de la dependencia para analizar y encontrar coincidencias sobre las iniciativas legislativas en la materia que presentó su bancada y que siguen en estudio.
Luego de lamentar las cifras de percepción de inseguridad y de falta de denuncia, la legisladora Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) afirmó que el Estado de México ocupa el segundo lugar en número de personas desaparecidas y no localizadas y que en la entidad se registraron 15 de cada 100 eventos de extorsión a nivel nacional, además de que el 96 por ciento de los casos no se denuncia ni se investiga.
Preguntó sobre los resultados de las reformas a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; cómo se evalúan la contención de delitos, la desarticulación de células delictivas y la reducción de la incidencia delictiva derivadas del Operativo Otomí; preguntó también sobre la estrategia de atención a las víctimas de extorsión y cuáles son los grupos delictivos que operan en el territorio estatal, además de las estrategias para combatir el robo al transporte de carga y de vehículos, cuáles son los resultados en 2026, cómo se mide su impacto frente a periodos previos y las acciones sobre asalto en el transporte público.
De MC, la congresista Maricela Beltrán Sánchez señaló que la inseguridad en la región sur del Estado de México tiene una dimensión que rebasa la estadística delictiva. Refirió que se han identificado esquemas presuntamente destinados a controlar actividades económicas, por lo que preguntó: ¿qué ocurre al día siguiente de los operativos? En este sentido, recordó que la dependencia cuenta con la línea 089 que recibe reportes de extorsión y fraude, por lo que se pronunció por utilizar dicha información para prevenir riesgos y proteger corredores económicos.
En este tenor, preguntó cuál es la estrategia para proteger las rutas agrícolas, florícolas, ganaderas, comerciales y turísticas de la región sur y, en su caso, qué municipios y carreteras requieren atención prioritaria, así como cuáles son las instituciones participantes. Solicitó información sobre el estado operativo de la policía estatal, el número de elementos necesarios y el déficit existente, considerando las bajas, jubilaciones, renuncias y el personal no operativo. Pidió conocer las medidas para fortalecer los mecanismos de control y evitar la infiltración criminal en las corporaciones, además de las sanciones impuestas y las denuncias penales presentadas por abuso de autoridad, extorsión o corrupción policial.
Finalmente, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, señaló que la confianza en la policía estatal alcanza el 49.9 por ciento, mientras que la percepción de inseguridad llega al 78.7 por ciento en Ecatepec y al 80.3 por ciento en Chimalhuacán, cifras superiores al 60.7 por ciento de la media nacional. Asimismo, indicó que la disminución de las denuncias no necesariamente representa una buena noticia, pues más del 90 por ciento de la población no denuncia los delitos. También lamentó que más de 67 mil familias hayan abandonado sus hogares debido a la violencia y la inseguridad.
Subrayó que se mantienen las alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición, por lo que preguntó sobre las acciones y estrategias de la Policía de Género para prevenir e investigar estos delitos, así como para dar seguimiento a los casos. Solicitó información sobre los resultados de los Operativos Violeta, estrategia orientada a prevenir, inhibir y atender de manera inmediata la violencia de género, el acoso y los delitos contra las mujeres, además de las acciones específicas implementadas en los municipios con alertas de violencia de género.
En su exposición, el secretario Cristóbal Castañeda informó que la incidencia delictiva entre 2024 y 2025 se redujo en un 15.5 por ciento, con una disminución del 21.8 por ciento en defunciones por homicidios en el mismo periodo, de acuerdo con el Inegi, situando a 2025 como el año con menor cantidad de homicidios en los últimos quince años, además de reportar que, entre 2023 y 2025, la tasa de robo total de vehículos disminuyó un 30.74 por ciento y que, en el marco de la Estrategia Nacional Antiextorsión, se registró una disminución del 64 por ciento en la incidencia de este delito respecto a casos reportados en el periodo anterior, mientras que en el robo en calle o transporte registró una disminución del 13.56 por ciento.
Al reconocer el esfuerzo, la colaboración y las aportaciones del Congreso, y solicitar a las, le y los diputados que, cuando estén en territorio, apoyen a generar conciencia sobre la relevancia de la denuncia, resaltó los operativos Senda, Restitución y Liberación para combatir el robo al transporte de carga, el despojo, la extorsión y el control económico de grupos criminales, respectivamente, así como estrategias en contra del robo y la venta de combustible irregular.
Tras afirmar que la zona sur es un tema prioritario, informó que se cuenta con 16 mil elementos como fuerza operativa estatal, cuando se requieren 32 mil, tomando en cuenta los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas de 1.8 policías por cada mil habitantes, pero que se está incrementando gracias al apoyo de la gobernadora y de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el reclutamiento y la capacitación de efectivos.
Añadió que se apoya a familiares de elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y que se suman esfuerzos para tener policías mejor pagados. Sobre la violencia contra las mujeres, refirió que el Operativo Violeta generó más de 166 acciones en 11 municipios.



