• La diputada Jennifer González (morena) propuso que las autoridades educativas estatales y municipales promuevan e implementen acciones necesarias para que los planteles de educación básica cuenten con el servicio.
• Propuso que el suministro de agua potable para consumo humano se garantice en condiciones de disponibilidad, continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, como parte de las condiciones básicas e indispensables para la prestación de los servicios educativos.
Al considerar que el acceso efectivo al agua potable en el ámbito educativo garantiza el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud y la igualdad sustantiva, además de contribuir al cumplimiento del interés superior de la niñez, la diputada Jennifer Nathalie González López (morena) propuso que las autoridades educativas estatales y municipales promuevan e implementen las acciones necesarias para que los planteles de educación básica cuenten con este servicio.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la parlamentaria planteó que el suministro de agua potable para consumo humano deberá realizarse en condiciones de disponibilidad, continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, como parte de las condiciones básicas e indispensables para la prestación de los servicios educativos.
Para lo anterior, las autoridades competentes deberán coordinarse con las instancias sanitarias y municipales que correspondan, a efecto de coadyuvar en el suministro, mantenimiento y condiciones de calidad del agua en los centros escolares, de conformidad con la normatividad aplicable y en congruencia con los instrumentos de planeación estatal.
La propuesta de reforma a la Ley de Educación y al Código Administrativo de la entidad solicita, además, que el Consejo de Salud del Estado de México, sin perjuicio de las competencias de las autoridades educativas, sanitarias y municipales, así como de los organismos operadores, pueda emitir recomendaciones, lineamientos y criterios de coordinación interinstitucional para coadyuvar a la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones relacionadas con la disponibilidad y salubridad del agua potable en los planteles de educación básica.
Al exponer la iniciativa, la diputada, presidenta de la Comisión legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, señaló que se busca que los planteles de educación básica cuenten con acceso real a agua potable en condiciones de continuidad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad, considerando tanto la disponibilidad del servicio como el mantenimiento de la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento, así como la implementación de medidas de apoyo cuando el suministro ordinario se vea interrumpido.
Añadió que la modificación legal logrará que la disponibilidad de agua potable en estas escuelas contribuya a la reducción de riesgos sanitarios asociados a enfermedades de origen hídrico, y favorecerá la hidratación adecuada del alumnado, lo cual se asocia con mejores condiciones de salud general y prevención de padecimientos vinculados a la deshidratación y a prácticas de consumo no saludables.
Por otra parte, el acceso efectivo al agua potable incidirá positivamente en la capacidad de atención, concentración y permanencia escolar, conforme a estudios técnicos de organismos internacionales que vinculan la hidratación con el rendimiento cognitivo y la asistencia escolar.
Asimismo, la iniciativa contribuirá a reducir brechas territoriales en el acceso a servicios básicos, particularmente en escuelas ubicadas en zonas rurales, indígenas y urbanas con alta marginación, en concordancia con los diagnósticos de infraestructura educativa señalados en el Atlas de Servicios Educativos.
Permitirá, además, consolidar una obligación jurídica clara dentro del sistema educativo, facilitando la planeación, coordinación y seguimiento de acciones relacionadas con el suministro del vital líquido, y hará efectivo el derecho humano al agua en el ámbito educativo.
En su participación, la proponente detalló que, durante el ciclo escolar 2024-2025, en educación básica —incluidos los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria— se contabilizaron 2 millones 807 mil estudiantes, de los cuales 184 mil 332 asisten a planteles ubicados en zonas de marginación, distribuidos en 2 mil 598 escuelas de 14 municipios considerados de alta vulnerabilidad.
