A propuesta del diputado Edgar Samuel Ríos (morena), el Congreso mexiquense enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para que se considere el exceptuar de algunas restricciones el gasto en servicios personales, a nivel estatal y municipal, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad pública y salud.
El planteamiento avalado por las, le y los diputados locales incluye la contratación de policías, personal médico, de enfermería, paramédico y afín.
La LXII Legislatura mexiquense aprobó una iniciativa del diputado Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) para plantear al Congreso de la Unión que establezca excepciones a diversas restricciones sobre el gasto en servicios personales para garantizar, a nivel estatal y municipal, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en seguridad pública y salud, incluyendo la contratación de policías, personal médico, de enfermería, paramédico y afín.
El planteamiento para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios también busca excluir de estas restricciones los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a estas.
De acuerdo con la iniciativa, a la que se adhirió el parlamentario Osvaldo Cortés Contreras (morena), esta ley actualmente dispone que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en los presupuestos de egresos tendrá como límite el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en los presupuestos del ejercicio anterior una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB).
Añade que la legislación vigente dispone que, en caso de que el PIB presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se considerará un crecimiento real igual a cero, además de que contempla como excepción el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
El dictamen, leído por el proponente durante sesión deliberante, especifica que los gastos señalados deberán identificarse y reportarse de manera diferenciada en los presupuestos de egresos y en las cuentas públicas, según lo que establezca la normatividad aplicable.
Puntualiza que estas excepciones comprenderán únicamente al personal que participe directamente en las funciones sustantivas de seguridad pública o en la prestación de servicios de salud.
Por otro lado, propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, realizará las adecuaciones necesarias a los clasificadores y lineamientos aplicables, para que las entidades federativas y los municipios identifiquen y reporten de manera diferenciada este gasto, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigencia del dictamen.
En su participación, Samuel Ríos señaló que las restricciones para contratar personal en los sectores de salud y seguridad dificultan atender las necesidades de la población, por lo que explicó que su iniciativa busca exceptuar estas contrataciones del límite presupuestal del 3 por ciento.
