El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), coordinado por el diputado Omar Ortega, planteó que, para los cargos de Rectoría y direcciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), las personas aspirantes no hayan sido condenadas por violencias de género, familiar o contra las mujeres, ni tengan un procedimiento o sentencia judicial por obligaciones alimentarias.
La iniciativa, autoría también de la diputada Araceli Casasola, busca garantizar a estudiantes un entorno libre de violencia y establece la separación inmediata del cargo ante resoluciones firmes por estas conductas.
La Dirección de Responsabilidad Universitaria, del 8 de marzo al 15 de mayo de 2023, resolvió 402 asuntos por violencias, entre ellas la violencia de género, que derivó en 241 personas sancionadas (117 docentes y 124 estudiantes).
Para que las mujeres se desarrollen en entornos libres de violencia, el Grupo Parlamentario del PRD planteó que, para los cargos de Rectoría y direcciones de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), las personas aspirantes no hayan sido condenadas por violencias de género, familiar o contra las mujeres, ni tengan un procedimiento o sentencia judicial por obligaciones alimentarias.
La iniciativa del diputado Omar Ortega Álvarez y la diputada Araceli Casasola Salazar, coordinador e integrante de la bancada del PRD, reconoce que la crisis de violencia de género no es ajena a la universidad, toda vez que la Dirección de Responsabilidad Universitaria, del 8 de marzo al 15 de mayo de 2023, resolvió 402 asuntos por violencias, entre ellas la violencia de género, que derivó en 241 personas sancionadas (117 docentes y 124 estudiantes).
El proyecto legislativo recuerda que, en febrero de 2020, alumnas de la Facultad de Ciencias de la Conducta denunciaron la existencia de una red de pornografía no consensuada promovida por un estudiante. Este hecho derivó en denuncias en 11 de los 59 espacios universitarios, donde, mediante ‘tendederos de acoso’, se colocaron nombres de presuntos agresores.
Lo anterior, continúa el documento, se formalizó en 35 denuncias por acoso u hostigamiento sexual ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, de las cuales 7 de cada 10 eran contra docentes. Para marzo de ese año, 51 profesores fueron suspendidos, destituidos o despedidos, y la universidad presentó 21 denuncias ante el Ministerio Público. A los 51 casos se les suman 20 más del periodo 2018 y 2019, lo cual arroja 71 casos en tan sólo dos años.
Por lo anterior, la propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de México establece nuevos requisitos para el cargo de titular de la Rectoría y para los cargos de titulares de las direcciones de organismos académicos, centros universitarios y escuelas preparatorias.
Entre estos requisitos se establece que la persona que aspire a ellos no deberá haber sido condenada mediante sentencia firme, por delitos relacionados con violencia de género, violencia familiar, acoso sexual, hostigamiento sexual, feminicidio o cualquier otra conducta tipificada en la legislación como constitutiva de violencia contra las mujeres en razón de género.
Tampoco deberá haber sido sancionada mediante resolución definitiva en un procedimiento administrativo universitario o por autoridad competente, por conductas de la misma naturaleza; ni encontrarse inscrita, al momento de su registro como aspirante, en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de México, o contar con sentencia judicial firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Por otro lado, el proyecto legislativo cuya lectura se omitió durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, añade que constituirá causa de separación inmediata de estos cargos o de cualquier titular de dependencia de la administración central, la emisión de sentencia condenatoria firme o resolución administrativa definitiva e inatacable en su contra por delitos o conductas constitutivas de violencia de género, violencia familiar, acoso u hostigamiento sexual, así como la inscripción en el registro estatal de deudores alimentarios o la emisión de sentencia judicial firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias durante el ejercicio del cargo.
Adiciona que, en tal supuesto, el Consejo Universitario declarará la vacante y sustanciará el procedimiento de sustitución conforme a las disposiciones vigentes.
Por último, en sus artículos transitorios se establece que quienes actualmente ocupen estos cargos deberán presentar, ante la Comisión de Procesos Electorales o el Consejo Universitario, según corresponda, una constancia de no antecedentes penales por los delitos señalados en la iniciativa, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del decreto.
