Descuentos en transporte público a personas con discapacidad, plantea GPPVEM

El Grupo Parlamentario del PVEM propuso incluir a las personas con discapacidad como beneficiarias de descuentos en las tarifas del transporte público otorgados por concesionarios y permisionarios del transporte público, como un acto de empatía e inclusión hacia un segmento de la población que requiere de apoyos adicionales para desarrollar sus actividades cotidianas en mejores condiciones.

El proyecto de reforma al Código Administrativo estatal plantea sustituir el término de personas de la tercera edad por el de personas adultas mayores en la descripción de esta misma obligación, que también contempla actualmente a estudiantes como sector favorecido. Lo anterior, debido a que se busca armonizar este concepto con el que se utiliza en la Ley de las Personas Adultas Mayores estatal.

La iniciativa de la bancada coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, presentada por la legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa en sesión deliberante del Congreso mexiquense, indica que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a 2024, se registraron más de 8 millones 873 mil personas con alguna discapacidad en México, de las cuales 864 mil habitan en la entidad.

Precisa que, actualmente, el Código Administrativo estatal prevé descuentos que, en su caso, existan para personas de la tercera edad y estudiantes en las tarifas de pasaje en las modalidades de colectivo, masivo, individual y teleférico, sin contemplar a las personas con discapacidad, por lo que considera necesario implementar acciones de apoyo para este sector, cuyos retos califica como mayúsculos.

Detalla que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2023), del Inegi, después de la alimentación, el transporte constituye el segundo rubro en el que más gastan las familias mexicanas.

El documento especifica que, en promedio, una familia mexiquense llega a destinar hasta un 29 por ciento de su ingreso en costear los pasajes para desplazarse a sus trabajos, centros de estudio o para comprar enseres para la vida cotidiana.

Refiere que el ordenamiento que se pretende reformar considera al transporte público como un servicio de utilidad e interés general a cargo del gobierno estatal, por lo que representa un eje fundamental para el impulso del desarrollo social y económico, ya que, gracias a las 192 mil unidades concesionadas inscritas en el Registro Estatal del Transporte, diariamente millones de mexiquenses se pueden trasladar.

La propuesta aclara que las discapacidades no se limitan a las relacionadas con la movilidad, pues también existe la visual, auditiva, sensorial, psicosocial e intelectual. En muchos casos, añade, las personas con discapacidad se trasladan de manera individual o son acompañadas por familiares.

El articulado transitorio de la iniciativa establece que la Secretaría de Movilidad contará con un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para modificar el acuerdo sobre las tarifas del servicio público de transporte en las modalidades de colectivo y mixto, publicado en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’ el 10 de octubre de 2025. Lo anterior, con el propósito de establecer una tarifa preferencial para las personas con discapacidad y emitir las disposiciones administrativas necesarias para su implementación.

La congresista enfatizó que la iniciativa no busca conceder un favor, sino garantizar un derecho mediante la empatía y la inclusión, así como aliviar la carga económica de miles de familias que enfrentan desafíos cotidianos. En este sentido, llamó a eliminar las barreras en el transporte público para convertirlo en un medio que facilite el acceso a mayores oportunidades.