• El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso fortalecer la educación inclusiva mediante la identificación oportuna de barreras para el aprendizaje; la formación docente; la coordinación entre escuelas, familias y servicios de apoyo; y el seguimiento de las medidas educativas.
• La diputada Maricela Beltrán, integrante de la bancada naranja, coordinada por el parlamentario Juan Manuel Zepeda, destacó que se busca garantizar los derechos de menores que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, particularmente aquellas relacionadas con discapacidad intelectual, psicosocial, condiciones del neurodesarrollo o de salud mental.
Dado que, en 2020, había 381 mil mexiquenses menores de 17 años con alguna discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Grupo Parlamentario de MC (GPMC) propuso fortalecer la educación inclusiva mediante la identificación oportuna de barreras para el aprendizaje, la formación docente, la coordinación entre escuelas, familias y servicios de apoyo, y el seguimiento de las medidas educativas.
Al presentar la iniciativa en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Maricela Beltrán Sánchez, integrante de la bancada naranja, coordinada por el parlamentario Juan Manuel Zepeda Hernández, destacó que se busca garantizar los derechos de menores que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, particularmente las relacionadas con discapacidades intelectuales o psicosociales, condiciones del neurodesarrollo o problemas de salud mental.
La legisladora sostuvo que ningún estudiante debe ser definido únicamente por una discapacidad, un diagnóstico o una dificultad para aprender, e indicó la importancia de escuchar a quienes enfrentan barreras educativas. Añadió que los recursos existentes deben aprovecharse sin que su disponibilidad justifique negar los apoyos y ajustes razonables que requiere el alumnado.
La propuesta de modificación a la Ley de Educación del Estado de México establece que las autoridades educativas deberán identificar las barreras para el aprendizaje, así como implementar y revisar estrategias pedagógicas individualizadas, atendiendo a las necesidades educativas de cada educando, sin condicionar su acceso a un diagnóstico clínico.
También propone facilitar al personal docente y directivo orientación, asesoría y formación continua en materia de educación inclusiva, estrategias pedagógicas diversificadas, comunicación accesible y prevención de situaciones de exclusión, mediante los programas y servicios institucionales existentes.
Asimismo, contempla fortalecer la coordinación entre las autoridades escolares, personal docente, servicios públicos de apoyo a la educación inclusiva y especial, y las familias, con participación del alumnado conforme a su edad y madurez, para favorecer su aprendizaje, bienestar y permanencia escolar.
De igual forma, se promoverán mecanismos de seguimiento de las medidas educativas adoptadas que permitan valorar su pertinencia y efectividad, garantizar la confidencialidad de los datos personales y evitar prácticas discriminatorias o de segregación.
En la implementación de estas medidas se deberá respetar el interés superior de la niñez, la dignidad y la autonomía progresiva de los educandos, así como las atribuciones y los derechos laborales del personal docente. En ningún caso podrán establecerse requisitos adicionales que condicionen injustificadamente la inscripción, permanencia, participación o evaluación del alumnado, ni trasladarse a sus familias las obligaciones educativas que correspondan a las autoridades.
Finalmente, el documento señala que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, la autoridad educativa estatal deberá revisar y, en su caso, adecuar los mecanismos institucionales existentes de orientación, formación y coordinación. Para su implementación, se priorizará el aprovechamiento de los programas, servicios y recursos disponibles.
