A nombre de la bancada de morena, la diputada Brenda Colette Miranda Vargas propuso otorgar, a maestros y maestras, orientación jurídica y defensa en las materias penal; especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y en procedimientos de responsabilidades administrativas, además de patrocinio civil, familiar, de género, mercantil y de amparo, cuando lo soliciten por situaciones derivadas de su encargo como docentes.

Al explicar su propuesta, la legisladora admitió que el personal docente enfrenta desafíos constantes, derivados de las complejidades propias de su labor, que muchas veces los colocan en situaciones jurídicas adversas sin una red institucional de protección efectiva; además, cuando fallecen en el cumplimiento de su profesión, en ocasiones sus deudos enfrentan trámites legales complejos sin el acompañamiento necesario, lo cual genera rezago en el reconocimiento de sus derechos.

Por lo anterior, la iniciativa plantea reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para establecer que el Estado proporcione gratuitamente servicios de orientación, defensa y representación jurídica a docentes, mediante convenios con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por solicitud directa o en favor de las y los titulares de derechos derivados del fallecimiento de una persona docente.

Asimismo, con modificaciones a la Ley de Educación estatal, se busca crear una Subdirección Jurídica Especializada, de la Secretaría de Educación, encargada de brindar atención legal en materias penal, administrativa y laboral, así como de coordinar convenios con la Defensoría Pública y otras instancias.

De igual forma, mediante ajustes a la Ley de la Defensoría Pública, se facultaría expresamente a dicho organismo para brindar servicios legales gratuitos a docentes cuando exista convenio con la Secretaría de Educación, o cuando estos lo soliciten en términos de la legislación aplicable.

El documento resalta que, con estas medidas, la entidad dignifica el ejercicio de la función docente y establece una ruta institucional clara para responder a los desafíos legales que enfrenta el magisterio, así como una red de protección jurídica que será de beneficio directo para miles de personas trabajadoras de la educación y sus familias, y garantizar su acceso efectivo a la justicia, bajo un enfoque de derechos humanos, legalidad, seguridad jurídica y perspectiva de género.