Con el fin de poner un alto a las personas servidoras públicas que ocultan actos de corrupción en diversos ámbitos de la administración pública, la diputada Graciela Argueta Bello (morena) formuló el incluir, en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Contraloría del Poder Legislativo, por dedicarse a la investigación, sustanciación y sanción de las faltas administrativas cometidas por este Poder o por personal de los ayuntamientos. 

Actualmente el Comité se integra con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Fiscalía General de Justicia estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa estatal, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el Comité de Participación Ciudadana del propio Sistema, y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por lo cual se busca incluir a la Contraloría.  

La reforma plantea considerar como en desacato a la persona servidora pública que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades de los sistemas anticorrupción estatal y municipales, proporcione información falsa, no brinde respuesta oportuna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de haber sido impuestas medidas de apremio.

Asimismo, promueve que el informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, de la aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia y así la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de las recomendaciones que corresponde emitir al Comité Coordinador referido, se publique en la Gaceta de Gobierno y se presente ante la legislatura en turno, con la presencia de las personas titulares del Ejecutivo y el Judicial.  

Respecto de las recomendaciones que está facultado a emitir el Comité, derivadas de los resultados presentados en el informe anual, cuando sean rechazadas por las dependencias o personas a quienes van dirigidas, la legislatura, a través de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales podrá solicitar (de oficio o a petición del Comité) la comparecencia de la autoridad o persona servidora pública, a efecto de que justifique su negativa u omisión a la recomendación.

En cuanto al Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción, se propone que se le faculte a emitir recomendaciones públicas no vinculantes a las dependencias o personas servidoras públicas municipales, debiendo darles seguimiento, con el objeto de garantizar la adopción de medidas de fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como mejorar el desempeño de los órganos internos de control.

Derivado de las recomendaciones, los comités locales informarán al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la probable comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas para que, en su caso, emita recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes, para adoptar medidas de fortalecimiento institucional en la prevención y erradicación de tales conductas.

La iniciativa, que reformaría la Constitución estatal y las leyes de Responsabilidades Administrativas, del Sistema Anticorrupción y Orgánica Municipal, busca que la o el presidente municipal vigilen la integración y operación de los comités de participación ciudadana y coordinador municipal del Sistema Municipal Anticorrupción.