El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) propuso la instalación de cambiadores de pañales en los baños de mujeres y hombres de establecimientos comerciales, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, así como que las unidades económicas —entendidas como establecimientos comerciales con una superficie mayor a 100 metros cuadrados— cuenten con cajones de estacionamiento y lactarios o salas de lactancia.

La iniciativa, presentada por el diputado Pablo Fernández de Cevallos González y la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio, coordinador e integrante del GPPAN, busca ampliar la protección de la primera infancia desde un enfoque de igualdad de género, reconociendo a la familia como la unidad social natural básica, con un influjo determinante en la sociedad en su conjunto.

En este sentido, la iniciativa, leída por la parlamentaria proponente, en sesión de la Diputación Permanente que preside el legislador Maurilio Hernández González (morena), plantea que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México se establezca que las autoridades estatales y municipales se coordinen para contar con la normatividad necesaria a fin de habilitar los cambiadores.

Por otro lado, también propone reformas a la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna de la entidad, para que las unidades económicas referidas sean consideradas como establecimientos de protección, apoyo y promoción a la lactancia materna. Por ello, estarán obligadas a contar con cajones de estacionamiento, así como con lactarios o salas de lactancia, cuyos servicios serán gratuitos y podrán ser utilizados por la madre, el padre, el tutor o quienes ejerzan la patria potestad.

Estos lactarios o salas de lactancia deberán contar con los requisitos mínimos que determine la normatividad, tales como: refrigerador, mesa, sillón y lavabos.

El documento señala que la familia es la primera comunidad en la que las personas desarrollan afectos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, por lo que debe ser protegida como un factor de desarrollo social y económico.