• La diputada Sandra Santos (morena) propuso que las autoridades, instituciones de salud y centros educativos notifiquen de inmediato los casos de embarazo en menores de 15 años para su investigación.
• La iniciativa sostiene que el embarazo de una menor de 15 años es, en términos generales, producto de un delito sexual, y señala que la edad mínima de consentimiento sexual en la entidad es de 16 años.
• Además, busca garantizar atención médica, psicológica y asistencia social, así como acceso a la interrupción legal del embarazo, cuando corresponda.
La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) propuso que las autoridades que conozcan casos de embarazo en menores de 15 años notifiquen de inmediato a las instancias competentes para su investigación y garanticen el acceso de las niñas a servicios de salud, atención psicológica y asistencia social. La iniciativa señala que estos embarazos son, en términos generales, producto de un delito sexual, pues la edad mínima de consentimiento sexual en la entidad es de 16 años.
La iniciativa, presentada en sesión deliberante del Congreso mexiquense, plantea que las autoridades estatales y municipales, las instituciones públicas de salud y los centros educativos se coordinen para implementar medidas de protección y restitución integral de derechos, conforme a los protocolos vigentes, en colaboración con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, en su caso, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Al respecto, la parlamentaria precisó que no se busca incrementar la burocracia ni crear nuevos organismos o plazas adicionales, sino evitar que las niñas enfrenten solas una situación que compromete su salud, dignidad y desarrollo.
Tras señalar que la infancia debe ser una etapa para aprender, jugar, crecer y soñar, llamó a garantizar que la protección de las niñas no dependa del lugar donde sean atendidas, sino de la certeza de que en el Estado de México existen instituciones obligadas a protegerlas.
La propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estatal establece que estas acciones se llevarían a cabo con perspectiva de niñez, enfoque de derechos humanos y bajo el principio del interés superior de la infancia. Asimismo, contempla el acceso a otros servicios especializados para salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas y su desarrollo integral, incluida, cuando corresponda, la información y el acceso a la interrupción legal del embarazo, conforme a la normativa aplicable.
Añade que cada canalización deberá quedar documentada mediante un formato que emitirá la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
La propuesta también mandata que el incumplimiento de estas obligaciones será causal de responsabilidad administrativa para las personas servidoras públicas. Estas acciones se realizarían con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, sin crear nuevas estructuras administrativas.
En materia de información y transparencia, el proyecto legislativo busca instituir un mecanismo estatal de integración y difusión de estadísticas sobre embarazo infantil. Para ello, las secretarías de Salud y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas estatales, así como los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, remitirían trimestralmente información de los casos detectados al Sipinna.
Los datos se presentarían de manera anónima y desagregada por municipio y rango de edad, sin incluir información que permita identificar a las niñas. Con estos registros, el Sipinna integraría y publicaría anualmente un informe consolidado con un diagnóstico y recomendaciones de política pública, que sería remitido a la Legislatura y difundido mediante los mecanismos de transparencia correspondientes.
Con ello se deberá garantizar, en todo momento, la confidencialidad de la información y la protección de los datos personales, además de observar el principio del interés superior de la niñez. Su operación tampoco implicará la creación de plazas, organismos o estructuras administrativas adicionales.
Finalmente, el proyecto establece que el Sipinna tendría un plazo máximo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir el formato único de canalización. Las autoridades competentes realizarían las acciones de coordinación necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones con los recursos presupuestarios disponibles.
