• El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) propuso establecer garantías presupuestales y de capacitación a municipios para que puedan aplicar nuevas normatividades.
• La diputada Araceli Casasola subrayó que la propuesta nace del imperativo ético de acabar con el centralismo normativo que asfixia a las comunidades.
• Explicó que esta reforma introduce un candado de corresponsabilidad gubernamental a través de una cláusula de viabilidad presupuestaria de impacto municipal y la profesionalización obligatoria y permanente.
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Con el objetivo de garantizar que los municipios cuenten con los recursos y la capacitación necesarios para aplicar las nuevas disposiciones legales expedidas por el Congreso mexiquense, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) propuso establecer obligaciones presupuestales y de capacitación a cargo de los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales.
En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Araceli Casasola Salazar presentó la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el legislador Omar Ortega Álvarez, y subrayó que la propuesta de reforma a la Constitución estatal y a la Ley Orgánica Municipal responde al imperativo ético de acabar con el centralismo normativo que asfixia a las comunidades.
El proyecto busca incluir, entre las facultades y obligaciones constitucionales del Poder Legislativo, la de garantizar en cada ley o reforma que expida, así como en la aprobación del Presupuesto de Egresos anual del gobierno estatal, la asignación financiera suficiente para el cumplimiento de las leyes y reformas aprobadas.
Asimismo, pretende establecer en la carta magna que el Ejecutivo asigne en el presupuesto de egresos los recursos necesarios para la implementación de las leyes aprobadas por el Congreso, así como brindar capacitación obligatoria a los municipios para garantizar el cumplimiento normativo y fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales.
En cuanto a la Ley Orgánica Municipal, plantea modificaciones para disponer que toda nueva disposición legal o reforma aprobada que implique una carga administrativa, operativa o financiera para los ayuntamientos impondrá al Estado la obligación de proveer los recursos extraordinarios y los programas de profesionalización necesarios para su cumplimiento.
El documento añade que, sin la entrega de dichos recursos y la capacitación correspondiente, no podrá exigirse responsabilidad operativa alguna a los municipios.
La congresista explicó que, desde la perspectiva de la técnica legislativa, esta reforma introduce un candado de corresponsabilidad gubernamental a través de una cláusula de viabilidad presupuestaria de impacto municipal y la profesionalización obligatoria y permanente.
Enfatizó que aprobar esta reforma representa un acto de justicia y realismo político, pues permitirá reconocer las necesidades de las autoridades municipales, especialmente de aquellas que gobiernan las comunidades más vulnerables, cuyos habitantes, afirmó, no merecen leyes de papel, sino gobiernos fuertes, capaces y debidamente financiados.
