• El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) propuso un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) a fortalecer la inspección y vigilancia en los sitios destinados a la exploración, explotación y aprovechamiento de materiales pétreos.
• La diputada Itzel Pérez expuso la necesidad de verificar el cumplimiento de medidas correctivas y de restauración ambiental, así como dar seguimiento a las denuncias por posibles afectaciones.
El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) propuso que el Congreso mexiquense exhorte a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) a fortalecer la inspección y vigilancia en los sitios destinados a la exploración, explotación y aprovechamiento de materiales pétreos (materia sólida, granular o en bloques que provienen directamente de las rocas naturales), a fin de constatar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
El punto de acuerdo sobre el exhorto, expuesto ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense por la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM), también solicita a la dependencia fortalecer los mecanismos de seguimiento de los procedimientos derivados de las visitas de inspección realizadas a los sitios de extracción, particularmente cuando se hayan determinado medidas correctivas, de urgente aplicación, de seguridad o acciones de restauración ambiental, a efecto de verificar su cumplimiento.
Asimismo, propone que la Propaem dé seguimiento a las denuncias relacionadas con posibles afectaciones ambientales derivadas de la extracción de materiales pétreos y que, en caso de identificar incumplimientos a la normatividad ambiental, determine e imponga las medidas y sanciones que correspondan conforme a derecho.
Al presentar la propuesta, la legisladora señaló que su bancada, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, reconoce que el desarrollo de los municipios debe equilibrar la generación de empleos y la ejecución de obras con la protección del medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades aledañas a los bancos de materiales. En este sentido, subrayó la importancia de garantizar reglas claras y certeza en la actuación de las autoridades para quienes desarrollan sus actividades conforme a la ley.
Enfatizó que las comunidades deben conocer el avance de sus denuncias, saber si se corrigieron los incumplimientos y tener evidencia de que se cumplan las obligaciones de restauración ambiental e indicó que la protección del empleo y la responsabilidad ambiental deben avanzar juntas, con resultados que beneficien a las familias mexiquenses.
El documento refiere que, actualmente, existen 212 minas registradas en la entidad, de las cuales 209 corresponden a minerales no metálicos y tres a minerales metálicos, de acuerdo con información del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (Ifomegem), publicada en 2025.
Agrega que, las 209 minas no metálicas se localizan en 58 municipios, lo que representa el 46.4 por ciento de los 125 municipios mexiquenses, y cerca del 30 por ciento de estas minas se ubica en terrenos ejidales o comunales, que equivale aproximadamente a más de 60 sitios vinculados con núcleos agrarios.
En cuanto a la actividad económica, el diagnóstico del Ifomegem reporta alrededor de 2 mil 743 empleos directos en la minería no metálica y una producción combinada aproximada de 20.2 millones de metros cúbicos de arena y grava en la entidad.
El documento expone que la extracción de materiales pétreos, como arena, grava, tezontle, tepetate y roca, puede generar erosión, afectaciones a la vegetación, emisiones de polvo, ruido, alteraciones en la infiltración y el escurrimiento del agua, así como riesgos asociados con taludes y movimientos de materiales.
