• Durante la comparecencia de Oscar Flores, secretario de Finanzas, congresistas de morena y PVEM destacaron que el manejo responsable de las finanzas públicas en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha permitido incrementar presupuestos a programas sociales y obras.
• Representantes del PRI, PAN, MC y PRD cuestionaron que el manejo de las finanzas públicas no se traduzca en mayores beneficios para la población, particularmente en materia de salud e infraestructura vial.
• En tanto que del PT preguntaron cómo se sostendrá la política de bienestar social sin nuevas contribuciones.
Al reconocer el manejo responsable de las finanzas públicas durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, congresistas de morena y PVEM destacaron que la recaudación de impuestos ha permitido incrementar los recursos destinados a programas sociales y obras. En contraste, representantes del PRI, PAN, MC y PRD cuestionaron que estos resultados no se reflejen en mayores beneficios para la población, particularmente en salud e infraestructura vial, mientras que integrantes del PT preguntaron cómo se sostendrá la política de bienestar social sin nuevas contribuciones.
Durante la comparecencia de Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas, para analizar el Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora, el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, señaló que la prioridad debe ser promover y consolidar un gobierno honesto, transparente, responsable y austero, que rinda cuentas claras sobre el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.
En su participación, la diputada Paola Jiménez Hernández (morena) destacó que el Estado de México se encuentra entre las cinco entidades del país con mejores condiciones financieras. Señaló que el incremento de la recaudación, sin aumentar impuestos ni contratar deuda, permitió destinar cerca de 13 mil millones de pesos a programas sociales. Asimismo, recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza en los últimos dos años.
Tras reconocer también que el estado pasó del lugar 32 al 3 en temas de eficiencia y de transparencia, así como el incremento de 131 por ciento en obras e infraestructura, solicitó al compareciente explicar cómo se sostiene este desempeño fiscal, qué trabajos respaldan la inversión en bacheo y rehabilitación de caminos, y cómo se ampliarán los recorridos cotidianos del transporte público.
La legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) resaltó la disminución de 2 mil 459 millones de pesos en la deuda pública hasta agosto pasado y el trabajo eficiente en materia presupuestaria, porque se ha reflejado en la mejora de la calidad de vida de la población.
No obstante, preguntó por los resultados de las inversiones en infraestructura y por cómo se agilizan los proyectos y la entrega de recursos a los municipios. También pidió conocer cuántas obras contempla el Plan Integral de la Zona Oriente y cuál será la participación económica del gobierno estatal.
Tras reconocer la reducción de la deuda, el diputado Oscar González Yáñez, coordinador parlamentario del PT, cuestionó cómo se mantendrán los programas sociales sin aumentar impuestos ni contratar nuevos adeudos. Para ello, propuso cobrar contribuciones a empresas concesionarias de carreteras y a compañías de telefonía.
Asimismo, planteó revisar los contratos de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), esquemas de colaboración a largo plazo entre el sector público y proveedores privados, y exigir un trato más favorable de la federación, además de atender los rezagos regionales en infraestructura y agua. También solicitó reforzar el pago de tenencia vehicular en la región y rescatar financieramente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
En su oportunidad, el parlamentario Alejandro Castro Hernández (PRI) señaló carencias en los servicios de salud y preguntó cómo se garantiza el abasto de medicamentos, el mantenimiento de instalaciones y el respaldo financiero estatal durante la transición al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS-Bienestar).
También lamentó que persista el deterioro de calles, avenidas y carreteras pese al anuncio de nuevos programas, por lo que pidió conocer la inversión efectivamente ejercida y el porcentaje de las metas cumplidas. Requirió precisar a cuánto asciende el gasto de inversión para el desarrollo estatal, cuánto dinero se destina a los municipios, qué porcentaje de avance financiero registran y cuántos han sido beneficiados.
La legisladora Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) se pronunció por ejercer el presupuesto con responsabilidad, transparencia y sentido social, ante los rezagos en salud, infraestructura vial, seguridad, educación y agua potable. También cuestionó cómo se demuestra la reducción de la deuda heredada y su costo, y qué condiciones debe cumplir el refinanciamiento para beneficiar a las familias y proteger las finanzas.
De igual forma, exigió transparencia sobre los recursos, objetivos y resultados de los fideicomisos públicos, incluidos los de agricultura, ganadería y turismo, así como los destinados al saneamiento del Valle de México y al Plan Integral de la Zona Oriente. También solicitó información sobre el destino de sus activos y remanentes.
El diputado Martín Zepeda Hernández (MC) criticó el avance del Plan de la Zona Oriente y la falta de certeza sobre sus resultados, al señalar que los 10 municipios contemplados requieren mejoras en acceso a la salud, movilidad, agua y seguridad. Por ello, pidió conocer el porcentaje de inversión ejercida y los resultados concretos que ya reciben las familias de esa región.
Por otra parte, pidió precisar los mecanismos de seguimiento y transparencia para garantizar que los recursos se destinen al beneficio de la población y que el proyecto avance y genere resultados concretos.
Por último, la parlamentaria Araceli Casasola Salazar (PRD) reconoció la reducción de la deuda pública, pero advirtió que más del 70 por ciento de los ingresos estatales proviene de la federación y cuestionó que las finanzas sanas no se reflejen en la atención de necesidades urgentes, como la falta de máquinas de hemodiálisis en Ixtapaluca.
La diputada señaló que, ante los subejercicios registrados en las 17 secretarías al cierre de 2025, es necesario conocer el porcentaje definitivo y el acumulado a la fecha. También cuestionó si las deficiencias obedecieron a fallas en la supervisión semanal o a la falta de capacidad de las dependencias para ejercer los recursos. Finalmente, pidió aclarar las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con subejercicios y retrasos en la comprobación del gasto social y de infraestructura.
En su exposición, el secretario Oscar Flores informó que la deuda pública disminuyó de aproximadamente 62 mil millones a 59 mil mdp, una reducción de 2 mil 500 millones, que ha permitido liberar recursos para proyectos de impacto social. Agregó que, en los tres años de la actual administración, no se han contratado nuevos adeudos y estimó que la deuda se reducirá cerca de 10 mil millones de pesos al cierre del sexenio.
En materia de ingresos, sostuvo que se fortaleció la recaudación sin crear nuevos impuestos, al reportar ingresos del sector central por cerca de 362 mil mdp y un aumento de 28 por ciento en los ingresos registrados. Respecto a la recaudación del impuesto sobre nómina, compartió que alcanzó 21 mil 541 mdp, 4 mil 426 mdp más que el año pasado, mientras que la tenencia vehicular generó 12 mil mdp, un incremento de aproximadamente 3 mil 500 mdp.
Para 2026, indicó que se destinaron 21 mil mdp a programas sociales, además, se asignaron 133 mil mdp a educación y el presupuesto de salud y seguridad social aumentó 21 por ciento respecto a 2023.
Al responder los cuestionamientos, explicó que cerca de 2 mil mdp se reorientaron en el presupuesto de 2026 a educación, salud y agua, mientras que el gasto de inversión estatal para los 125 municipios ascendió a 3 mil 89 mdp, 37 por ciento más que en 2025.
De igual manera, reportó una inversión cercana a 20 mil millones de pesos en infraestructura y obra pública, de los cuales alrededor de 6 mil millones se destinaron a vialidades. Respecto al Plan Integral de la Zona Oriente, informó que la inversión estimada asciende a 110 mil millones de pesos, frente a los 77 mil millones previstos inicialmente, y que las obras registran un avance físico del 47 por ciento. Precisó que los recursos se distribuyen entre los gobiernos federal, estatal y municipales, con aportaciones del 60, 30 y 10 por ciento, respectivamente.
